Las compañías de los Estados Unidos, y también las de Francia, Reino Unido y Alemania, pagaron más de mil millones de dólares en multas y acuerdos por violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés). El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha reportado más de 140 investigaciones por violaciones a la FCPA solo en el año 2009.
Los oficiales que verifican el cumplimiento, ejecutivos y figuras políticas acusados de violaciones a la FCPA han sido multados y encarcelados en el proceso de las investigaciones. Cumplir con los requerimientos de la FCPA se ha convertido en un elemento esencial de manejo de riesgo para cualquier empresa, dentro y fuera de los Estados Unidos. Los riesgos ocultos en forma de pagos no detectados a Oficiales Extranjeros constituyen un riesgo substancial para cualquier ejecutivo, y puede poner en peligro el éxito de su organización.
Las tendencias emergentes en los patrones de implementación de la FCPA incluyen:
Se estima que se perdieron 3 mil millones de dólares debido a la corrupción en el año 2009. Estos fondos podrían haber mejorado las vidas de millones de personas en el mundo y contribuir con la lucha contra de la corrupción y el soborno.
La FCPA es una ley federal de los Estados Unidos aprobada en 1977, que prohíbe que las compañías paguen sobornos a oficiales y figuras políticas de gobiernos extranjeros. Las compañías que violan esta ley pagando sobornos están sujetas a acciones penales y civiles, que pueden resultar en multas, suspensión y exclusión de contratos de procura con el gobierno, mientras que los empleados y directores pueden estar sujetos a sentencias de prisión.
Las disposiciones de la Ley también se aplican a empresas foráneas y nacionales que tomen parte en tales actos mientras estén haciendo negocios en los Estados Unidos. El Departamento de Justicia es responsable de implementar las disposiciones anti-soborno, en la medida que se relacionen con empresas nacionales y extranjeras. La Comisión de Valores (SEC) es responsable de los aspectos civiles del cumplimiento de las disposiciones anti-soborno de la FCPA.